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SOCIEDAD. Explicando la nueva Ley de la Eutanasia en España (2020)

 

Congreso de los Diputados | EFE

¿Quién? 

Para poder solicitar la eutanasia habrá que tener nacionalidad española o residencia legal en el país, además de ser mayor de edad y tener consciencia en el momento de pedir la misma.

Quienes recurran a esta vía serán quienes sufran una enfermedad grave e incurable o bien grave, crónica e invalidante que haya sido certificada por el médico responsable (salvo incapacidad permanente).

Los tiempos y el arrepentimiento

La persona que reclame este servicio habrá de formular dos solicitudes de manera voluntaria, ambas por escrito. Entre ellas deberá dejar un margen mínimo de 15 días naturales. Este periodo podrá ser, sin embargo, menor al establecido en caso de que los médicos consideren que la muerte del ciudadano es inminente, o bien si está a un paso de perder la capacidad de dar su consentimiento.

La solicitud por escrito, que deberá estar fechada y firmada, podrá contener la estampa de otro individuo mayor de edad en caso de encontrarse este impedido físicamente para acometer la acción. En este caso, la firma del escrito deberá hacerse en presencia de un sanitario, que será en el encargado de rubricarlo. También podrá presentarse por otra persona en los casos de quienes tengan una incapacidad permanente e invalidante certificada.

En cualquier momento del proceso, según se refleja, el solicitante tendrá la potestad para "revocar su solicitud", una decisión que sería incorporada a su historia clínica. Asimismo podrá pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir.



¿Y si es denegada?

El texto recoge, de la misma manera, el supuesto de que una petición sea rechazada. Las denegaciones deberán ser siempre por escrito y deberán estar debidamente argumentadas por el médico en cuestión o bien se deba a una objeción de conciencia, un tema que abordaremos más adelante. Si su solicitud es rechazada, la ley fija un plazo de cinco días hábiles en los que esa persona podrá presentar una reclamación ante la Comisión de Control y Evaluación competente.

Si el sanitario deniega la petición, deberá, de la misma manera —con o sin reclamación mediante—, enviar a la comisión en un plazo de 15 días el documento en el que se argumentan las causas del rechazo, así como los datos de la evaluación.

La ayuda a morir

Si se superaran todos los trámites arriba explicados, el texto recoge que la actuación debe "hacerse con el máximo cuidado y profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios" y que será el solicitante, en caso de estar consciente, quien decida la modalidad en la que quiere recibir el servicio. El texto define como "prestación de ayuda para morir" la "acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos". Esta podrá hacerse de dos formas: 1. La administración directa de una sustancia por parte del sanitario; 2. Por prescripción o suministro de una sustancia por parte del profesional sanitario al paciente para que este último sea quien se la administre, tanto en el centro sanitario como en su propio domicilio.

Si se optara por la primera modalidad, los médicos y demás profesionales asistirán a la persona hasta el momento de su muerte. Mientras que en el caso de la segunda, se precisa que se "mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a este hasta el momento de su fallecimiento".

Los centros sanitarios deberán proteger la intimidad y garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes que lo soliciten. Para ello deberán contar con "sistemas de custodia activa de la historia clínica" y fijar medidas de seguridad "de nivel alto" en el tratamiento de la información.

La citada prestación estará incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y tendrá financiación pública al completo. Con este mismo fin el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el órgano que coordina el sistema a nivel nacional y con las comunidades, deberá elaborar en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la ley un manual de buenas prácticas, este servirá para "orientar la correcta puesta en práctica de esta ley", así como protocolos que especifican la forma de proceder en algunos ámbitos. 

 El texto afirma que las muertes derivadas de esta prestación serán consideradas como "muerte natural".

El papel del médico

Si hay un actor que toma relevancia en estas circunstancias más allá del paciente ese es el responsable médico, cuyo rol durante el proceso queda establecido en el dictamen aprobado. Este tendrá un plazo de dos días para, una vez comprobado que el solicitante cumple con los requisitos básicos fijados por la ley, iniciar un "proceso deliberativo" en el que abordará su diagnóstico, las alternativas terapéuticas y sus posibles efectos. En esta conversación, el médico deberá asegurarse de que comprende la información que se está facilitando y también tendrá que facilitar todos estos datos por escrito.

Una vez se cumple esta deliberación, 24 horas más tarde, el responsable preguntará de nuevo al solicitante si desea continuar o no con el proceso. Aquí se abren dos opciones: el sí y el no. Si el individuo ratificara su deseo de avanzar, el médico tendrá entonces que comunicarlo al equipo asistencial, con especial hincapié en los profesionales de enfermería y deberá recabar el consentimiento firmado del usuario. Si el solicitante así lo reclamara, también informará del proceso a familiares y allegados. Por el contrario, si la persona considera que lo mejor es no continuar con la prestación, el médico informará de igual manera al equipo asistencial, si es que lo hubiera.

El responsable deberá exponer las circunstancias ante otro médico consultor para que estudie y ratifique que se cumplen las circunstancias para seguir con el proceso. Este proceso de corroboración no deberá superar los 10 días naturales y la conclusión será redactada en un informe que se incluirá en el historial clínico y deberá ser comunicada al propio solicitante.

Será en este momento, superados los pasos previamente expuestos, cuando el encargado médico exponga el caso ante el presidente o presidenta de la Comisión de Evaluación y Control competente para que ejerza un control previo. Sin embargo, la regulación recoge que "se podrá llevar a cabo dicha prestación de ayuda a morir sin el citado control previo" en las excepciones previstas relativas a la muerte o pérdida de capacidad inminentes.

"No será punible la conducta del médico"

El documento apunta, asimismo, que el servicio se realizará tanto en centros públicos como privados o concertados, sin que se menoscabe la calidad asistencial "por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza".

Sin duda la objeción de conciencia es uno de los puntos críticos en cuestiones de tanta sensibilidad. La norma establece que los profesionales involucrados en el proceso "tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria" y que esta decisión deberá "manifestarse anticipadamente y por escrito". Para tener un recuento y censo de personal disponible para llevar a cabo dichas acciones, las administraciones sanitarias impulsarán un Registro de profesionales sanitarios objetores.

En la norma también se explicita la reforma del Código Penal por la que "no será punible la conducta del médico o médica que con actos necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante, en los términos establecidos en la normativa sanitaria".

La Comisión de Evaluación y Control

Un actor que se introduce en el proceso es el de la Comisión de Evaluación y Control que se encargará del llamado "control previo" antes de ejercer la llamada muerte digna. La presidencia de la Comisión designará en los dos días siguientes a recibir los datos del caso a dos miembros del órgano para que evalúen y comprueben que concurren los requisitos y condiciones establecidos. Esta pareja de integrantes podrán entrevistarse con las personas que participan en el proceso, tanto con los sanitarios como con el paciente y en un máximo de siete días naturales, y tras haber constatado que se cumplen con los criterios, estos miembros elevarán sus conclusiones a una Comisión, pero su contenido no será vinculante para la decisión definitiva de la misma. El dictamen del órgano será entonces trasladado con premura al médico responsable. Si la resolución fuera negativa, podrá ser recurrida ante la jurisdicción contencioso administrativa.

La nueva regulación recoge que cada Comunidad y Ciudad Autónoma tendrá una de estas comisiones, que serán órgano administrativo y cuya creación dependerá de la CCAA en cuestión o del Ministerio de Sanidad en Ceuta y Melilla. Las comisiones se impulsarán en los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la norma y dispondrán de un reglamento interno.

Estos órganos de nueva creación tendrán también que resolver las reclamaciones de los pacientes cuando se les deniegue su solicitud, un proceso que deberá tardar un máximo de 20 días naturales. Y, si su fallo sobre una reclamación de esta naturaleza fuera favorable, la comisión "requerirá a la dirección del centro para que en el plazo máximo de siete días naturales facilite la prestación solicitada a través de otro médico" o de un equipo externo de profesionales sanitarios.

En los casos en los que se aplique la prestación, tendrán dos meses para comprobar que el proceso contó con las garantías y requisitos previstos. Y de estas comisiones también dependerá la elaboración de un informe anual sobre las actuaciones en esta materia.



Las claves resumidas

¿Quién podrá solicitar la prestación de ayuda para morir?

- Persona mayor de edad, que tenga "plena capacidad" de obrar informada y que se encuentre en los supuestos de: enfermedad grave e incurable, enfermedad crónica o invalidante que cause sufrimiento físico o psíquico intolerable.

El texto señala la garantía de que todos los ciudadanos estén en igualdad de condiciones para acceder a la prestación al incluir en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de SaludDe esta manera, se asegura que la prestación tenga financiación pública, aunque también podrá ser practicada en centros privados, incluso en el domicilio de la persona solicitante.

¿Cómo actuarán los médicos?

Según el texto, esta ley sirve para introducir en el ordenamiento jurídico "un nuevo derecho individual" entendiendo la eutanasia como la actuación que "produce la muerte directa o intencionadamente mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo" por la persona que cumpla los requisitos que recoge la ley.

Sin embargo, el texto no sólo regula a las personas que tienen derecho a acogerse a esta ley, sino a los médicos que la practiquen. La norma regula la labor de los profesionales sanitarios ante estos casos, permitiendo que los médicos que así lo deseen puedan apelar a la objeción de conciencia para no realizar la práctica.

"Se garantiza dicha prestación sin perjuicio de la posibilidad de objeción de conciencia del personal sanitario", recoge el texto.

Según la Asociación Médica Mundial (AMM), la eutanasia es "el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, y es contraria a la ética". ISTOCK

La Eutanasia en el resto de países

La eutanasia actualmente es legal únicamente en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá y Colombia. 

En abril de 2002 Holanda sentó un precedente al convertirse en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia. Poco después, Bélgica y Luxemburgo siguieron el camino que había tomado su país vecino. Estos tres lugares son, en la actualidad, los únicos de Europa donde se permite la "muerte asistida". Más recientemente, Colombia y Canadá ampararon esta práctica en su legislación aunque, cada norma recoge sus propios matices.

En Holanda se aplica a enfermos con dolor insoportable e irreversible y es el paciente quien debe pedirla a su médico, que está obligado a consultar con otro antes de decidir. 

Bélgica tiene una ley similar. Tampoco hay un control previo y solo se necesita el visto bueno de dos médicos. A diferencia de la ley holandesa, la eutanasia puede aplicarse a cualquier edad, mediando consentimiento paterno, y también incluye casos de sufrimiento psíquico irremediable.

Suiza: suicidio asistido

Por el momento no hay más países que despenalicen en su totalidad la eutanasia. Sí hay lugares en los que se permite el suicidio médicamente asistido que, a diferencia de la eutanasia, no requiere de una intervención directa de los médicos.

Estos únicamente suministran los medios necesarios y es el paciente quien se toma la medicación voluntariamente para terminar con su vida. Es el caso de Suiza, donde no se contempla castigo para quienes ayuden a otro a morir, siempre y cuando sea por razones altruistas.

Suiza permite el suicidio asistido desde los años cuarenta del siglo pasado. De aquí se deriva la existencia de organizaciones que ayudan a extranjeros procedentes de Italia, Francia o España a gestionar sus peticiones para "morir dignamente". En Italia y Francia, la legislación es similar a la española, y la eutanasia está prohibida.

En Estados Unidos, la eutanasia es ilegal, pero en algunos de sus estados como California y Montana dejan abierta las puertas a la muerte asistida en pacientes terminales. De la misma manera, en Washington, Oregon y Vermont, se contempla el suicidio asistido basándose en el fundamento legal que reconoce "el derecho a decidir de las personas".

Alemania y Austria: eutanasia pasiva

Lo que no se permite en SuizaAlemania o Austria es la eutanasia activa, pero sí indirecta o pasiva siempre y cuando el enfermo haya expresado esa voluntad.

La eutanasia pasiva, cuando se consigue la muerte del paciente en situación irreversible suspendiendo el tratamiento médico, está reconocida bajo ciertas condiciones en las legislaciones de Suecia, Noruega, Dinamarca Finlandia.

En el lado opuesto se encuentra Polonia, que entiende la eutanasia como un asesinato y castiga su práctica con hasta cinco años de prisión, aunque no es el único país europeo donde está penado. También Bulgaria o Croacia lo castigan con hasta 6 y 8 años respectivamente.



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