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Calidad del aire en España 2017

CALIDAD DEL AIRE EN ESPAÑA (2017)

Imagen: Car and Driver
En el estudio se analiza la calidad del aire que respiró en 2017 la población española (46,6 millones de personas), en relación a la protección de la salud humana y a la protección de la vegetación y los ecosistemas. Por primer ano se evalúa de manera especifica la calidad del aire en los puertos del Estado, con una incidencia potencial muy relevante en los núcleos urbanos en los que se localizan. Los resultados provienen de los datos facilitados por las Administraciones estatal, autonómicas, locales y portuarias a partir de sus redes de medición de la contaminación.





La población que respiró niveles malsanos de dióxido de nitrógeno NO2 fue de 11,2 millones de personas, un 24,1% de la población, según el valor limite anual de la normativa
y la recomendación de la OMS. Se trata de la ciudad de Madrid, el corredor del Henares y la zona urbana sur, así como las áreas metropolitanas de Barcelona, Granada y Bilbao.

Respecto a años anteriores, merece la pena destacar la reducción del NO2 por debajo del limite legal en el área metropolitana de Valencia, si bien se mantuvo en el grupo
de aglomeraciones incumplidoras el Gran Bilbao, por segundo año consecutivo desde 2010. Respecto al valor limite horario, un año más la ciudad de Madrid es la única zona en España y una de las pocas aglomeraciones europeas donde se siguen registrando incumplimientos
de este parámetro legal. 

Durante 2017 no se ha detectado ninguna zona que se vea afectada por concentraciones que superen el nivel critico para la protección de la vegetación establecido por la normativa para los óxidos de nitrógeno (NOx).



El ozono troposférico afecto a una población de 38,1 millones de personas, un 81,8% de la población total y 1,3 millones mas de afectados que en 2016, según el valor diario recomendado por la OMS. 

Entre esta población se incluyeron 11,0 millones de personas, un 24,1% sobre el total, que se vieron afectadas por unas concentraciones que superan el objetivo establecido por la normativa para este contaminante, repartidas entre las Comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, el interior de Cataluña, País Valenciano y Región de Murcia, el Oeste de las Baleares y algunas zonas de Andalucía.

La practica totalidad de la población española respiró aire con concentraciones de ozono que superan el objetivo a largo plazo establecido por la normativa. Por sus características particulares, el ozono afecta con mayor virulencia a las áreas rurales y suburbanas a sotavento de las aglomeraciones de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Murcia, Palma, Valencia, Valladolid o Zaragoza, en diferentes zonas de Andalucía, Baleares, Castilla- La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Extremadura y Región de Murcia.



La superficie expuesta a niveles de ozono superiores al objetivo legal para la protección de la vegetación alcanzó 296.000 kilómetros cuadrados, el 58,6% del Estado español y 41.000 kilómetros cuadrados afectados más que en 2016. 

Se trata de casi todo el centro y sur de la Península Ibérica, alcanzando el valle del Ebro en Cataluña y el valle del Duero en Castilla y León. Si se tiene en cuenta el objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación establecido por la normativa para el ozono troposférico, la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación se incremento hasta los 442.000 kilómetros cuadrados, un 87,6% del territorio, excluida la cornisa cantábrica y las Islas Canarias, respectivamente por su menor radiación solar y por la dispersión ejercida por los vientos alisios. 

En otras palabras, la practica totalidad de los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales de la España mediterránea soportaron una contaminación atmosférica superior a la recomendada legalmente.



La población que soportó niveles elevados de dióxido de azufre SO2 fue de 6,1 millones de personas, un 13,2% de la población según los valores recomendados por la OMS y
2,3 millones mas de afectados que en 2016. 

Destacaron las superaciones de la Bahía de Algeciras (Cádiz), Huelva, la zona industrial de Puente Nuevo (Córdoba), Asturias, Mahón y Ibiza en las Baleares, el Sur de Tenerife, La Palma y La Gomera en Canarias, Puertollano (Ciudad Real), León, El Bierzo, las Montañas del Noroeste de Castilla y León, A Coruña y Arteixo, las zonas de A Marina y Oural (Lugo) y el Valle de Escombreras (Murcia), siempre en torno a alguna instalación industrial consumidora de carbón o petróleo, en especial las grandes centrales termoeléctricas de carbón y fueloil de la Península y las islas. 

Durante 2017 no se ha detectado ninguna zona donde la población o la vegetación se hayan visto afectadas por concentraciones que superen los valores limite para la protección de la salud ni el nivel crítico para la protección de la vegetación establecidos para este contaminante por la normativa.



Con la información disponible actualmente, la población afectada por partículas PM2,5 fue de 29,7 millones de personas, un 63,7% de la población según el valor anual recomendado por la OMS y 5,1 millones mas de afectados que en 2016. 

Las zonas afectadas fueron en parte coincidentes con las señaladas para las PM10, excluyendo la Andalucía y Asturias rurales, las Islas Canarias (salvo el norte de Gran Canaria y el sur de Tenerife), Santander, Elche y el sureste de Murcia (salvo Cartagena), y añadiendo Zaragoza, el Pirineo y el Valle del Ebro aragoneses, Palma, Valladolid, el litoral valenciano, la Galicia rural, el Bajo Nervión, al Alto Ibaizabal - Alto Deba vascos y Logroño. 

Se produjeron superaciones localizadas del valor limite anual establecido por la normativa en las estaciones de La Linea y Economato en la Bahía de Algeciras y Torneo en la aglomeración de Sevilla. En todo caso conviene señalar que la medición y evaluación de partículas PM2,5 resulta claramente insuficiente en la mayor parte de las redes de medición autonómicas.

Todavía son pocas las estaciones que miden este contaminante, con varias CC.AA. en las que tan solo una estación de toda la red dispone de equipos de medición, y con porcentajes de captura de datos muy escasos. El diagnostico de la situación respecto a este contaminante es todavía poco preciso, y haría falta un mayor esfuerzo de las CC.AA. por ampliar los equipos de medición e incrementar la captura de datos.



La población que se vio afectada por las partículas en suspensión PM10 fue de 30,2 millones de personas, un 64,9% de la población y 6,1 millones mas de afectados que en 2016, según el valor anual recomendado por la OMS.

Las principales zonas afectadas fueron Andalucía, Asturias, las Islas Canarias, la Bahía de Santander, Torrelavega, Castilla-La Mancha, el área metropolitana de Barcelona y el interior de esta provincia, Tarragona, el sur de Lleida, el área metropolitana de Valencia, Elche y el sur de la provincia de Alicante, A Coruña, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo, Madrid y su área metropolitana sur y el
sureste de la Región de Murcia. 

Durante 2017, las zonas donde la población se ha visto afectada por concentraciones que superan el valor límite diario establecido por la normativa para este contaminante (aunque no el anual), a falta de realizarse los descuentos por intrusiones saharianas, fueron Bailen, el área metropolitana de Granada, Villanueva del Arzobispo (Jaén), Fuerteventura y Lanzarote, el Sur de Gran Canaria y de Tenerife y la Plana de Vic (Barcelona), con 1.551.699 habitantes totales. Ademas se produjeron superaciones localizadas de dicho valor límite diario en diversas estaciones de Marbella, Sevilla, Avilés, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, Santa Cruz de
Tenerife, Puertollano, Talavera de la Reina, Alcanar (Tarragona), A Coruña y Murcia, así como en los puertos de Almería, Motril, Gijón, Barcelona, Tarragona, Alicante y Cartagena.



Entre los restantes contaminantes regulados legalmente, en 2017 destacaron los niveles alcanzados por el benzo(α)pireno BaP, reconocido cancerígeno que se utiliza como indicador de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). 

Con la incertidumbre propia de la escasa cobertura espacial y temporal de las mediciones, este contaminante habría afectado a una población de 17,6 millones de personas, un 37,9% de la población total, segun el valor recomendado por la OMS. Seria el caso de las CC.AA. de Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia, las ciudades de Madrid y Palma y la Comarca de Puertollano.

En 2017 se repitió la superación del objetivo legal registrada en 2016 en Avilés (Asturias), alcanzándose dicho valor en la Plana de Vic (Barcelona) y A Coruña, sin superarlo. En todo caso conviene señalar que la medición y evaluación de BaP resulta claramente insuficiente, no habiéndose dispuesto en 2017 de datos de Aragón, País Vasco ni La Rioja. Todavía son pocas las estaciones que miden este contaminante, con varias CC.AA. en las que tan solo una estación de toda la red dispone de equipos de medición, y con muestras muy escasas. El diagnóstico de la situación respecto a este contaminante es todavía poco preciso, y haría falta un mayor esfuerzo de las CC.AA. por ampliar los equipos de medición e incrementar la captura de datos.










CONCLUSIONES

  • La contaminación del aire es un asunto muy grave, que causa hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado español, cada ano, quince veces mas que los accidentes de trafico. Con altibajos según el ano considerado, las superaciones de los limites legales y de los valores recomendados por la OMS se vienen repitiendo de forma sistemática en los últimos años.

  • Los contaminantes atmosféricos también afectan de manera severa a la salud vegetal y a los ecosistemas, reduciendo la productividad de las plantas, aumentando su vulnerabilidad a las enfermedades y plagas o incrementando de manera excesiva los nutrientes presentes en el agua y el suelo (eutrofización). La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) destaca a Italia y España como los dos países europeos con mayores danos de la contaminación por ozono sobre la agricultura, afectando en nuestro país según esta fuente a dos terceras partes de la superficie cultivada.

  • La información al ciudadano no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Para la elaboración del presente informe ha sido necesario recabar información con muy diverso grado de elaboración en las páginas Web del Estado, las CC.AA., las entidades locales y las autoridades portuarias con redes de control de la contaminación. Buena parte de la información ha debido solicitarse directamente a los Organismos responsables por no estar disponible en sus paginas Web, resultando por lo tanto inaccesible y a menudo ininteligible para el público.

  • Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir esta contaminación, obligatorios según la legislación vigente, en muchos casos no existen, y en otros apenas si tienen efectividad por falta de la voluntad política de acometer medidas estructurales. El Plan Aire II elaborado por el actual Ministerio para la Transición Ecológica, aprobado en diciembre de 2017, no es mas que un documento de buenas intenciones, sin rango legal, ni mecanismos eficaces, ni financiación, para que las CC.AA. y municipios adopten las medidas necesarias para reducir los niveles de contaminación. Omite además abordar el problema del exceso de ozono en buena parte del territorio, lo que ha motivado que Ecologistas en Acción haya recurrido ante la Audiencia Nacional la inactividad del Gobierno Central.

  • Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan un 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) español. Aunque los cambios necesarios en los modos de producción y en el transporte implican importantes inversiones, los beneficios se estima que superan entre 1,4 y 4,5 veces a los costes.

  • La legislación europea y española se mantienen muy alejadas de los valores de concentración máxima recomendados por la OMS para ciertos contaminantes, basados en las evidencias científicas de la relación entre contaminación atmosférica y salud. La Directiva 2008/50/CE y el Real Decreto 102/2011 renuncian a unos limites mas estrictos, ya contemplados en normas anteriores, que suponían una mayor protección de la salud. En definitiva, para evitar que muchas zonas aparezcan como afectadas, se recurre al “maquillaje legal” de fijar unos limites de contaminación considerablemente mas laxos que los recomendados por la comunidad científica para ciertos contaminantes, haciendo pasar como saludables niveles de contaminación que son nocivos para la salud.

  • Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire pasan por: la reducción del trafico motorizado en las áreas metropolitanas, disminuyendo la necesidad de movilidad con un urbanismo de proximidad y potenciando en las ciudades el transporte publico (en especial el eléctrico) y los medios no motorizados como la bicicleta o el transito peatonal; la reconversión ecológica del transporte interurbano desde la carretera a un ferrocarril convencional mejorado y socialmente accesible; el ahorro y la eficiencia energética; la recuperación de los estímulos para la generación eléctrica renovable, en sustitución de las centrales termoeléctricas a partir de combustibles fósiles; la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles para la reducción de la contaminación; la disminución de las emisiones del transporte marítimo mediante la creación de un Area de Control de Emisiones (ECA) para el Mediterráneo Occidental; y una fiscalidad ambiental que corrija de manera inmediata el favorable tratamiento otorgado desde hace años a los vehículos diesel, que causan el 90% de las emisiones contaminantes del trafico urbano e interurbano.

  • Tomando en consideración la información aportada por las autoridades portuarias del Estado de las 57 estaciones de medición ubicadas en puertos estatales, se comprueba que estas instalaciones podrían haber tenido una repercusión relevante en la calidad del aire de su entorno cercano, en especial en aquellos casos en que la descarga y almacenamiento de graneles se realiza en condiciones que elevan los niveles de partículas PM10 por encima de lo recomendado por la OMS o incluso por encima de los valores limite horario o anual establecidos por la normativa, como es el caso de los puertos de Almería, Motril, Avilés, Gijón, Tarragona, Alicante o Cartagena, entre los que han proporcionado información. En otras ocasiones, la contaminación del aire en los recintos portuarios puede estar relacionada con el tráfico marítimo y la maquinaria de tierra, como en el caso de las superaciones de los limites legales horario o anual de dióxido de nitrógeno o parte de los niveles de partículas PM10 en los puertos de Santander, Barcelona o A Coruña.

Fuente: Ecologistas en Acción (Junio, 2018)


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